Documento Final
de las Jornadas Interdisciplinarias

LENGUAS, IDENTIDAD E IDEOLOGÍAS

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional de Tucumán
realizadas entre el 28 y el 30 de setiembre de 2006

 
Hemos propuesto y abierto estas Jornadas hablando de derechos humanos: el derecho  a desplegar con libertad y autonomía el pensamiento, el derecho a hablar y pensar en  las lenguas y culturas  de los orígenes, el derecho a la propia identidad social e histórica. Y es precisamente la reafirmación de esos derechos lo que se ha reclamado y  ha ido emergiendo como una constante en los trabajos de las distintas comisiones y en los tres foros realizados al término de cada día. Derechos que junto a la conquista de la dignidad laboral, social y política, constituyen hoy una necesidad insoslayable para las grandes mayorías de nuestro país y de América.
Una mirada sobre el conjunto de los trabajos presentados en estas Jornadas -tanto por docentes e investigadores de nuestro país como de otros países latinoamericanos-  nos muestra la convergencia de problemáticas emergentes de la aplicación de  políticas lingüísticas, educativas y culturales con un alto impacto en las condiciones  socio-culturales de América Latina. En efecto, la mayoría de estos  trabajos nos han permitido tener un panorama suficientemente claro y exhaustivo acerca de la complejidad que caracteriza la situación socio-educativa, cultural y lingüística de los sectores más castigados, sectores que, paradójicamente, conforman el grueso de las mayorías criollas e indígenas minorizadas y en muchos casos, ignoradas.
Todo esto sumado a la riqueza de los aportes y opiniones vertidas en los espacios colectivos generados por los foros de discusión del final de cada una de las jornadas de trabajo constituye un material que,  quienes hemos participado de estas Jornadas, acordamos en difundir y elevar -en términos de síntesis  de las conclusiones principales a las que hemos llegado-  a las diferentes instancias de decisión y gestión oficial, directamente concernidas por esta problemática.

 
Nueva ley de educación: Consideramos que para que la propuesta de elaboración de una nueva ley de educación resuelva los problemas emergentes de la aplicación de la Ley Federal, ésta debe resultar de la convergencia de ideas basada en un verdadero y efectivo protagonismo de los actores sociales implicados: docentes, investigadores, familias y de todos aquellos que construyen en la práctica la educación en este país. Son ellos los que enfrentan y resuelven cotidianamente los problemas, los que atienden a las necesidades reales que  lamentablemente no aparecen reflejadas explícitamente en la letra del documento que se eleva al Congreso.
No acordamos con la instancia de participación diseñada por el Ministerio ya que  el modo que esta instancia ha tomado en algunas provincias, se asemeja más  a un intento de convalidación de ideas y prácticas que no induce a la consideración  de la realidad concreta de las instituciones educativas argentinas y desvía los verdaderos debates que de una vez por todas deben instalarse en el seno de la sociedad argentina. Nos vemos en la obligación, porque estamos directamente implicados en la formación de formadores y en la práctica docente, de  reclamar a funcionarios y gobernantes en todos sus niveles, menos discursos, más hechos y presupuesto efectivamente destinado a resolver problemas estructurales y no sólo coyunturales.
Creemos entonces conveniente detener el tratamiento legislativo del documento para garantizar concretamente estas instancias reales de protagonismo por parte de todos los actores sociales implicados en la educación, tanto en el diseño como en la ejecución de una nueva Ley de Educación que nos represente y sea una realidad para todo el país.

Pluralidad lingüística y cultural: nos expresamos a favor de una efectiva garantía de respeto, promoción y valoración de nuestra pluralidad cultural y lingüística, y para esto no sólo basta el reconocimiento en la letra y a través de discursos populistas sino a través de acciones efectivas que den cuenta de políticas concretas.
Acciones que no deben soslayar, justamente a causa de la diversidad existente, la participación efectiva de los diversos grupos, sectores y comunidades culturales y lingüísticas en la definición, diseño y ejecución de las decisiones en torno a las políticas culturales, lingüísticas y educativas. Esta participación, entendemos, debe reflejarse efectiva y particularmente en:
  • los diseños de los contenidos curriculares de todo el país y  en las prácticas didácticas;
  • las acciones de difusión y promoción  de la pluralidad cultural y lingüística asumidas responsablemente como un verdadero compromiso por parte  todos los organismos de gestión.
Cuando hablamos de garantizar la pluralidad cultural y lingüística entendemos que todos los sujetos de este país tienen derecho a conocerla  y reconocerse en ella. Las políticas de interculturalidad no pueden estar diseñadas sólo para los diferentes, porque diferentes somos todos. En este camino la escuela y los medios de comunicación oficial deben proveer al conocimiento y valoración de las culturas y lenguas regionales, originarias, de herencia y minorizadas, conocimiento que no debe pasar por representaciones estereotipadas sino que debe cimentarse y alcanzarse en un proceso de democratización de las lenguas y culturas que nos conforman como nación.

Lenguas originarias: No aceptamos que las lenguas originarias sean incluidas en los contenidos educativos como segundas lenguas, porque precisamente son las originarias y primeras. Tampoco aceptamos que en pos de la defensa de un español neutro estándar,  las lenguas que se hablan en cada provincia o región sean consideradas variedades alternativas, de dominio privado o doméstico. . El camino es justamente el inverso. Hasta que logremos que los organismos responsables de la política educativa y lingüística admitan que la diversidad no implica incomunicación ni  inteligibilidad, lo cual, por otra parte, está científicamente demostrado,  el español estándar debe ser enseñado como herramienta funcional para la comunicación oral y /o escrita de orden público.
Asimismo y en defensa de estas lenguas y culturas, solicitamos la garantía de posesión de la tierra que habitan y trabajan los pueblos originarios conjuntamente con  la garantía de difusión y valoración de sus culturas y lenguas. Esta garantía deberá tener fundamentos legales, con valor penal, que impidan cualquier intento de enajenación. 
Consideramos prioritaria una decisión política en el sentido de incorporar las lenguas originaras en los diseños curriculares de todos los niveles educativos del país y en la formación de maestros capacitados.

Discriminación cultural y lingüística: Reclamamos, igualmente, la penalización y reglamentación de cualquier tipo de discriminación cultural y lingüística, con igual estatuto que la existente en términos de discriminación social o étnica. 
En este mismo sentido creemos que se impone la inclusión en la política educativa y cultural del país de un reconocimiento expreso de la lengua de señas (LS), como primera lengua de la comunidad sorda en tanto instrumento de comunicación social y, en consecuencia, una particular atención a la formación de formadores en dicha lengua y a su conocimiento y difusión obligatorios en los diseños curriculares de todos los niveles educativos.

Políticas científicas, culturales y educativas:
Los trabajos y discusiones generados en este sentido, reflejan claramente el nivel alcanzado por nuestros docentes e investigadores, al mismo tiempo que manifiestan la necesidad de promoción y difusión, en el marco de las políticas científicas, culturales y educativas, de las teorías y modelos científicos que se gestan en el país en respuesta a las problemáticas concretas. No rechazamos  los modelos que proceden del exterior pero sí solicitamos para nuestra producción científica y cultural idéntica valoración y tratamiento prioritario  con respecto a aquellos modelos foráneos. Para ello, reclamamos la efectiva garantía para la producción de conocimientos generados desde nuestras propias necesidades, realidades y prácticas socioeducativas. Exigimos que los docentes, investigadores y trabajadores de las ciencias sociales sean respetados en su capacidad de elección y decisión en torno a las teorías y modelos científicos y dejen de estar sujetos a los modelos que impone explícita o veladamente el sistema educativo y científico argentino.

Lenguas extranjeras: Advertimos que  la política educativa en vigencia impone casi unánimemente la hegemonía de una sola  lengua-cultura extranjera. Es innegable que ello constituye  una de las  herramientas de penetración cultural e ideológica al servicio del imperialismo internacional. Lo que es mas grave aún es que  dicha penetración sea soslayada, sosteniendo el argumento de una práctica instrumental con un marcado valor utilitarista, en desmedro de la dimensión social, cultural y formativa inherente  a toda lengua. Nos pronunciamos a favor de la pluralidad lingüística y cultural en relación con la implementación en el sistema educativo de la enseñanza-aprendizaje de  varias lenguas extranjeras.

Nuevas tecnologías y educación: El empleo productivo y creativo que de las nuevas tecnologías realizan los jóvenes requiere de un espacio específico en el sistema educativo que fomente y promueva  en los procesos de aprendizaje el salto cualitativo,  tanto de docentes como estudiantes, de usuarios a protagonistas del conocimiento en soportes tecnológicos múltiples. No basta con tener computadoras en las escuelas. Lo que  proponemos es que en los diseños curriculares la  tecnología no se limite a un mero medio a usar, sino que constituya un sostén de procesos transformadores, inclusive de los mismos recursos tecnológicos, en pos de conocimientos que favorezcan el cambio en las condiciones de existencia de nuestro país.


En el acto de cierre de Jornadas reafirmamos nuestro reclamo por la aparición con vida de Jorge López. La desaparición de una persona en un país democrático, nos retrotrae a las nefastas épocas de las dictaduras. Es inadmisible que en este país no tengamos aún garantías de vida y que, por  testimoniar y denunciar la violación de los derechos humanos y el genocidio que llevaron a cabo individuos que aún siguen caminando por la calle, se tenga que pagar tan alto costo. Más allá de las polémicas en torno a la persona del Sr. López, si de derechos humanos hemos hablado y venimos  reclamando en estas Jornadas, el primer derecho es el derecho a la vida  y a la libertad de pensamiento, de protagonismo y de acción; derechos que deberían estar garantizados para todos.

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